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ACTUALIDAD (15-07-2007)

Fuente: Editorial de La Nación

El escandaloso índice K

Cuanto está ocurriendo en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) es lamentable, además de escandaloso. La manipulación del índice de precios ha sido y continúa siendo manifiesta desde principios de año y se ha forzado al organismo a suministrar información amparada por el secreto estadístico, con el fin de identificar empresas que hubieran aumentado sus precios y dirigir hacia ellas la acción represiva de la Secretaría de Comercio Interior.

 

La dimensión del problema se advierte fácilmente a partir del justificado plan de lucha iniciado por técnicos del Indec en contra de la manipulación de las estadísticas y en rechazo del reciente desplazamiento de la directora del área que mide la pobreza y la indigencia, luego de que esta funcionaria se negase a calcular esos guarismos tomando como base los poco creíbles valores del índice de precios al consumidor.

 

La elaboración de estadísticas confiables es una de las responsabilidades propias de todo gobierno. Se trata de una función esencial del Estado, más allá de que pueda ser complementada y desarrollada también por organizaciones del sector privado.

 

Es, justamente, la desvinculación de cualquier interés particular lo que le otorga al Estado capacidad para exponer independencia, así como ocurre con la administración de la Justicia o con las regulaciones.

 

Todos los países cuentan con órganos técnicos responsables de los censos de población, las estadísticas demográficas, sociales y económicas. La medición de índices de precios, así como las cuentas nacionales, entre ellas el cálculo del Producto Bruto y de las cifras de pobreza, son instrumentos esenciales en los que se apoyan las estadísticas internacionales, al igual que muy diversas relaciones contractuales y regulaciones internas.

 

Cuando la responsabilidad de un gobierno falla en la confiabilidad de sus estadísticas, el efecto destructivo es incalculable, tanto en términos de baja calidad institucional como de escasa seguridad jurídica.

 

Aún más grave es esa circunstancia si la falla ocurre por un propósito manifiesto de las autoridades gubernamentales de deformar las estadísticas para disimular sus problemas de gestión. La caída de la confianza ya no se debe al temor frente a la simple torpeza o incapacidad técnica, sino a la evidencia de una acción deliberada y mal intencionada. Esto está ocurriendo en la Argentina y el primer efecto evidente y cuantificable ha sido la caída de la cotización de los títulos públicos ajustables por precios internos o por el Producto Bruto. Pero también han sido arrastrados otros bonos y ha crecido el índice de riesgo país.

 

Las evidencias de las manipulaciones han sido aportadas por los propios funcionarios del Indec. Estos y otros ciudadanos han denunciado judicialmente lo ocurrido y ha habido solidaridad con los funcionarios que fueron despedidos por haber resistido las presiones del Gobierno.

 

En lugar de los técnicos que, durante años, hicieron del Indec un organismo confiable y reconocido internacionalmente, fueron designadas personas con probada lealtad hacia el poder político, pero sin los suficientes antecedentes profesionales.

 

El fiscal nacional de Investigaciones Administrativas elevó recientemente un extenso documento exponiendo estas irregularidades. Solicitó además con sobradas justificaciones que se remueva de su cargo al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y que se impida el ingreso al Indec de Beatriz Paglieri, designada interventora en la oficina del Indice de Precios al Consumidor. No ha habido reacción, ni de estos funcionarios ni del Poder Ejecutivo.

 

Por su parte, el fiscal Carlos Stornelli desarrolló una profunda investigación que lo llevó a señalar y probar el abuso y el instigamiento sobre los funcionarios del Indec. Lo cierto es que se han alterado caprichosa y tendenciosamente metodologías de medición y cómputo y que se han desechado datos de precios relevados sustituyéndolos por listas oficiales. Estas y otras maniobras han sido probadas. Se trata de una situación escandalosa e inaceptable que erosiona las bases mismas de nuestra república.